Universidad de Ibagué
2017
Comunicación Social y
Periodismo
Por: Laura Alejandra Medina
ace cuatro años pasar por el centro de servicios del barrio El Vergel después de las 6 de la tarde, era el terror para cualquier habitante o trabajador de la zona. Ocho de diez residentes aseguraron que la inseguridad se había apoderado de las calles en el sector que va del conjunto residencial La Balsa hasta Palmas del Vergel. En los locales vacíos que quedaban al respaldo del Centro de Servicios, había una zona verde muy amplia donde aparecían botellas de licor vacías, colillas de cigarros y bolsas Ziploc con sustancias alucinógenas. A pesar de las constantes llamadas a la policía, no se veía la presencia de una autoridad competente y cada día era más difícil arrendar los ocho locales de la parte trasera.
En junio de 2015, una familia de ibaguereños inaugura el restaurante Mi Pez On, el local que ocuparon estaba ubicado en el centro de servicios del barrio El Vergel. Al iniciar con la adecuación, Paola Zambrano y Marcel Parra enviaron una petición a Espacio Público con el fin de poder hacer uso de la zona verde donde aparecían las botellas de licor desocupadas, las colillas de cigarrillos y las bolsas con sustancias psicoactivas. Una tarde buscando cómo entretener a su hiperactivo hijo de dos años, se les ocurrió colocar un mantel de cuadros blancos con azul, una caja de juguetes y algunos cojines en la zona verde frente a su restaurante. Nunca se imaginaron que ese pequeño y accidental picnic, se fuera a convertir en uno de los atractivos del restaurante y en el lugar de unión para numerosas familias y parejas ibaguereñas.
Cuando se abrió el restaurante se colocaron seis mesas al aire libre. Al llegar la noche, cuando se cerraba el restaurante, el lugar se convertía en el sitio perfecto para fumar y consumir sustancias psicoactivas. Bastó una semana, para que los dueños contrataran un celador y colocaran unas estructuras encima de la mesas, pretendiendo generar incomodad en los jóvenes que hacían uso indebido del lugar. Después de tres meses de trasnocho y de las insistentes llamadas de la pareja a la policía, por fin esta zona se volvió más tranquila.
Su dicha llegó hasta septiembre del año 2017. Zambrano y Parra tuvieron que quitar todas las mesas y manteles para picnic que habían a lo largo de la zona verde, ya que según la guía de mecanismos de recuperación del espacio público, del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de nuestro país, este espacio comprende: “Bienes inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes”. En Ibagué estaba prohibido entonces el uso de los espacios allí mencionados.
Hasta entonces, septiembre había impactado positivamente al restaurante: se preparaban manteles rojos, bombas de corazones, pétalos de rosa y copas de los mejores vinos para celebrar el mes del amor y la amistad. Más allá de ser un restaurante, se convirtió en el lugar de los recuerdos de aquellas mujeres que dieron el sí a sus propuestas de matrimonio y de las parejas que apenas iban a comenzar su relación.
17 de mayo de 2017
En esta fecha la Alcaldía de Ibagué emitió un decreto que pretendía regular el aprovechamiento del espacio público cobrando una tarifa. Según el Decreto 0378 del 2017 por 15 metros cuadrados un comerciante de estrato 1 y 2, tendría que pagar el 50% de un salario mínimo legal vigente, lo que equivale a 370.000 pesos ; si es de estrato 3 y 4, el 75% que sería 552.000 pesos y para estrato 5 y 6 el 100% que son 737.717 pesos mensuales. Ese dinero sería destinado, según el decreto, para el embellecimiento del espacio público de la ciudad.
El director de Fenalco Tolima, Oscar Germán Díaz, manifestó su preocupación calificando el decreto como lesivo para el comercio de la ciudad, porque pretende cobrar una tarifa excesiva y lo explica con el caso de un restaurante de estrato 3 y 4 que tendría que pagar los 552.000 pesos. A duras penas, asegura, esa es la utilidad que le entra al mes y además de eso tendría que pagar agua, luz, teléfono, arriendo y demás costos fijos. Si se aplicara el decreto con esos costos, los comerciantes optarían por no utilizar el espacio y recortarían el personal, lo que provocaría aumentos en los puestos informales y la tasa de desempleo.
Ernestina Rodríguez de Varón, líder de tenderos en el Tolima, le contó a la emisora Ecos del Combeima su gran inconformidad con el nuevo decreto y afirmó que: “Nosotros intentando huirle a los gota a gota y ahora el señor Alcalde nos quiere poner a pagar casi bajo la misma modalidad una tarifa extremadamente alta mes a mes, los gremios estamos unidos para pedirle a la Alcaldía que no mate “la gallinita de los huevos de oro” pues nosotros dinamizamos la economía, a la administración le llegaran bastante recursos con el reevalúo catastral”.
El rock en español y el son cubano hacían más amenas las veladas de los comensales, que iban a degustar los platos de Mi Pez On. Desde el jueves hasta el domingo, los shows musicales se volvían el espectáculo principal y se veían grupos familiares, jóvenes y habitantes de las zonas aledañas que iban a compartir las delicias gastronómicas. Mi Pez On no sólo abrió las puertas a los comensales, también les dio la oportunidad de emprender a muchos ibaguereños que debían sostener un hogar y otorgar seguridad a los habitantes y trabajadores del sector.
Los shows musicales se acabaron. Se deshabilitaron más de 15 mesas, Mi Pez On redujo un 65% sus ventas y la mayoría de comensales pensaron que había sido cerrado el restaurante pues no veían ningún picnic. Con tan sólo 6 mesas colocadas a lo largo del pasillo, dos meseros y un ayudante siguen esperando una solución por parte de los entes gubernamentales.
Diego Murcia, inspector de policía encargado del manejo de espacio público en el municipio del Líbano, Tolima, asegura que el espacio correspondiente a los municipios es un tema complicado de operar, ya que lleva implícito problemas políticos, sociales y delincuenciales. Políticos porque en épocas de elecciones regionales, los candidatos a los diferentes partidos donan casetas, carros de dulces y puestos de comidas rápidas sin darse cuenta que con estos “regalos” están propagando el uso ilegal del espacio público: “Es delincuencial - asegura Murcia - , ya que aunque casi el 80% de las personas trabajadoras son honestas, hay un 20% que lo usan para delincuencia, tráfico de estupefacientes y ponen el puesto como fachada de esa venta informal”.
Es un problema social, porque se tiene el imaginario colectivo que la persona encargada de la recuperación de espacio público es desalmada, y victimizan a las individuos sin saber qué hay detrás de esto. Por ejemplo, esos vendedores de líchigo del Líbano que ponen sus carretillas con frutas y verduras en la calle, son los mismos que tienen un local con estos mismos productos, arriendan carritos de dulces o son propietarios de 3 o 4 puestos en la plaza, lo que evidencia que sí tienen formas de sostenerse sin hacer uso del espacio público.
Sumándole a estos problemas, no pueden faltar los medios masivos de comunicación y las redes sociales que se han encargado de darle amarillismo y sensacionalismo al asunto. Por medio de videos y fotografías, muestran los operativos de recuperación del espacio público, en los que aparece la madre cabeza de familia con bebé en brazos para generar desconsuelo, niños que sólo están de espectadores del suceso se convierten en los protagonistas de las noticias, como agredidos por los funcionarios del espacio público y en realidad la comunidad desconoce que estas personas no sólo conocen las normas, sino que han sido notificadas meses atrás para que tengan tiempo de reubicarse y muchas veces son las que agreden a las entidades públicas por hacer cumplir la ley.
En busca de una solución Fenalco ha realizado varias gestiones, una de ella fueron las mesas de trabajo junto con la Secretaria de Gobierno, Espacio Público y Planeación, con el fin de elaborar una propuesta, que permita el cobro que está tasado por meses para que sea recaudado anualmente. La Alcaldía remitió a Oscar Germán Díaz a la Secretaria de Hacienda quienes tienen la labor de hacer una análisis de la viabilidad de la propuesta, pero hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna.
Pese a que han sido insistentes las solicitudes de Paola y Marcel por recibir el permiso, hoy no tienen una respuesta. Los manteles de cuadros azules, las botellas de vino y el son cubano, sólo quedaran en la memoria de los comensales que alcanzaron a conocer y disfrutar de sus cenas al aire libre. Paola y Marcel son persistentes, “vamos a seguir luchando y solicitando el espacio que veníamos empleando, con la esperanza de que en algún momento esta ciudad pueda competir con otras ciudades. En las que se pueda hacer uso privado de un espacio común, en aras de proteger y de dar un lugar en el que se disfrute de un ambiente sano”.
Restaurantes, ¿problema o solución para el espacio público?
